Republicar

Sin costo alguno, usted o su medio pueden publicar este artículo en línea o de manera impresa, gracias a nuestra Licencia de Atribución de Creative Commons. Lo animamos a hacerlo siguiendo estas sencillas instrucciones:
  1. Dar el crédito a los autores.
  2. Dar el crédito a SciDev.Net y si le es posible incluir nuestro logo y un enlace al final que lleve al artículo original.
  3. Puede también publicar las primeras líneas del artículo y luego añadir: "Lea el artículo completo en SciDev.Net" e incluir un enlace al artículo original.
  4. Si además quiere tomar las imágenes que publicamos en esta historia, deberá confirmar con la fuente original si le permite hacerlo.
  5. El modo más fácil de publicar este artículo en su sitio es usando el código que incluimos a continuación.
Para mayor información revise nuestras instrucciones de reproducción y la página de medios.

The full article is available here as HTML.

Press Ctrl-C to copy

En agosto de 2015, el gobierno de Costa Rica recibió una carta de parte de una pequeña comunidad pesquera en la costa del Caribe norte.

Ubicada entre el Parque Nacional Tortuguero y la frontera con Nicaragua, la comunidad de Barra del Colorado —con unos 2.000 habitantes— había vivido tranquilamente de la pesca del camarón por generaciones.

La carta discrepaba con un voto constitucional de 2013 para prohibir la pesca de arrastre, un método que puede dañar los ecosistemas marinos al arrastrar especies de peces no deseadas, y destruir hábitats en el fondo del océano.

El voto apuntaba a las operaciones industriales y semi-industriales de arrastre. Pero no había excepciones para los pescadores operando a menor escala, que atrapan peces para alimentarse o para vender a nivel local por un ingreso básico.

Para la comunidad de Barra del Colorado y otros similares, esto implicaba perder el derecho legal para su único sustento y forma de vida.

“En este lugar, este es el único trabajo que podemos hacer”, dice Ligia Mejía Guzmán, mientras limpia hábilmente la pesca del día, camarón por camarón. El trabajo, que ocupa a la mayor parte de las mujeres de la comunidad, no cuenta con seguro social, deja los dedos sangrantes mientras el ácido desgasta la piel, y permite ganar unos 20.000 colones (US$35) cada día —un buen día— por dos cortos períodos de pesca al año. Ella aprendió este oficio cuando niña y, como las demás, está agradecida por ello.

 
 

La carta marcó el inicio de una lucha por una licencia para la pesca, la cual continúa aún hoy. Uno de los aliados de la comunidad es CoopeSoliDar R.L., una ONG local de desarrollo que facilitó un proceso de política basado en el consenso —el Diálogo Nacional para el uso sostenible del camarón— involucrando instituciones gubernamentales, ONGs y todos los sectores pesqueros productivos.

“Hemos estado lidiando con conflictos desde la base, muy serios, tratando de llegar a un equilibrio entre la conservación marina y el uso sostenible de aquellos recursos que sustentan a muchas personas”, opina Vivienne Solís Rivera, bióloga de CoopeSoliDar.

Esta ONG está trabajando en Barra del Colorado para fortalecer la capacidad de la comunidad por reclamar su licencia. Esto implica investigación, talleres, organización para tener una voz en las discusiones políticas, un trabajo que, en palabras de Solís Rivera, en años recientes ha tenido un gran apoyo por la incorporación de una nueva herramienta: una serie de Directrices Internacionales para Asegurar la Sostenibilidad de la Pesca a Pequeña Escala adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en junio de 2014.

Como resultado de una larga consulta con más de 4.000 partes interesadas de más de 120 países, las directrices son “el primer instrumento nacional dedicado completamente para el inmensamente importante —pero hasta ahora a menudo olvidado— sector pesquero de pequeña escala”, de acuerdo con la FAO. Ellos enfatizan los derechos de los pescadores artesanales y ofrecen principios rectores para la gobernanza y el desarrollo del sector.

Costa Rica no es en absoluto la única en pasar por alto la pesca en pequeña escala. Pero FAO considera que es el único país en hacer de estas directrices, que son voluntarias, parte de su plan nacional de desarrollo. Esto la convierte en un caso que merece la atención para esta agencia de la ONU.


Aguas turbulentas
 
El esfuerzo ha sido controvertido, yendo cara a cara con el fuerte impulso del país por la conservación, el cual ha llevado a que más de un cuarto de su territorio se haya destinado como zonas protegidas.

“Hay un conflicto real con la agenda ambiental”, dice Solís Rivera, señalando que campañas de alto perfil han inclinado la balanza considerablemente. Ella considera que las directrices han añadido un contrapeso crucial a ello: para CoopeSolidar y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), tenerlos a mano ha significado que las preocupaciones de la comunidad tengan más peso en la política. Le dan a los pequeños pescadores presencia y esto, indica Solís Rivera, las hace disruptivas.

De acuerdo con Nicole Franz, una analista en planificación pesquera que lidera el trabajo de la FAO en estas directrices, estos conflictos no son inusuales. “En efecto vemos que a veces hay tensiones”, indica, citando una falta de diálogo entre las agencias y las diferentes agendas lideradas por ONGs. Si esperanza es que las directrices ofrezcan “las bases para una colaboración constructiva”.



En un encuentro convocado por la FAO el año pasado, en el Centro Bellagio de la Fundación Rockefeller, en Italia, delegados de todo el mundo acordaron trabajar hacia indicadores que monitoreen la implementación de estas directrices a través de proyectos piloto.

Solís Rivera, quien participó en este encuentro, piensa que las directrices pueden hacer la diferencia al concretar una serie de asuntos relevantes en la política, que afectan a los pequeños pescadores. “Cuando las directrices fueron aprobadas [en Costa Rica], fuimos capaces de realmente contar con una herramienta que pudiera ser utilizada para contar con más insumos en la necesidad de este enfoque, que considera los derechos humanos como la columna vertebral principal de la conservación”, menciona.

Los pescadores que llevan sus botes a pocos kilómetros de Barra del Colorado, justo donde la boca del Río Colorado se encuentra con el Mar Caribe, atrapan solo la cantidad de camarón que pueden vender a intermediarios en el área, además de un pequeño porcentaje para sus familias.

Ellos ‘saben’ que sus redes no arrastran tanta fauna como otros. Sin embargo, toma estudios persuadir al gobierno de Costa Rica –y esto es lo que la comunidad se ha propuesto hacer, con la ayuda de CoopeSolidar.

Solís Rivera dice que las directrices han ayudado a asegurar el tiempo y el dinero necesarios para iniciar la investigación. Desde febrero, a través de una ‘licencia de investigación’ temporal, los hombres han podido pescar legamente mientras se recopila la información acerca de la sostenibilidad de sus prácticas.

Esta licencia expirará pronto. En una reunión de la semana pasada, la comunidad escuchó que los primeros resultados de este estudio comisionado por CoopeSolidar son prometedores.


Colgando de la balanza

Cuando se trata de evidencia sobre la pesca de arrastre, Solís Rivera dice que el truco está en el detalle: en algunos casos, la pesca semi-industrial es menos perjudicial que una flota de pequeños arrastreros. Ella argumenta que la respuesta no es prohibir el arrastre totalmente, pero gestionarlo y observar los detalles en cada caso.

“El arrastre por pequeños botes a lo largo de la cosa es en efecto diferente que el arrastre por grandes barcos industriales”, dice Tony Charles, un profesor e investigador en la Universidad Saint Mary en Canadá, y director de la Red de Investigación de Conservación Comunitaria. Él concuerda en que el enfoque de derechos es una mezcla de medidas dependiendo de la pesca, las especies y lo que funciona en cada área particular.

Jesús Chávez, presidente de la asociación de pescadores y firmante principal de la carta de protesta hacia la prohibición, dice que “las condiciones en el Caribe son muy diferentes [que en otros lugares del país], y la actividad productiva es muy diferente”.




Jorge Jiménez es director de MarViva, una de las ONG locales de conservación que es favorable a la prohibición de la pesca de arrastre. “No hay evidencia que garantice una excepción”, indica, agregando que la investigación muestra claramente que esta técnica perjudica el ambiente, así como los recursos de los que dependen los pescadores artesanales.

Jiménez dice que la conservación debería estar enfocada en el bienestar a largo plazo de las comunidades, pero argumenta que esto no puede construirse sobre la base de la destrucción de los recursos marinos. “Una revisión de las prácticas pesqueras existentes… proporcionando mejores precios para los productos [de los pescadores]… y asegurando el bienestar de los ecosistemas es el balance que debemos alcanzar”, menciona.

Charles dice que los pescadores pueden ser capacitados para migrar a nuevos métodos –pero si el arrastre es la única vía, es importante comprometerse y trabajar con ellos para reducir su impacto. “La conservación no puede lograrse únicamente a través de una acción” como la prohibición de la pesca de arrastre, indica. “¿Debería un gobierno ser tan rígido en una prohibición que afecta aquellos que más conocen del ambiente marino costero, y que son los más propensos a preocuparse por la conservación de los peces y el océano? Este no parece ser el mejor camino”.


Información y poder 

Otras comunidades también están luchando para tener una licencia de pesca oficial. Un grupo de mujeres recolectoras de moluscos en Chomes, una comunidad de unos 3000 habitantes en la costa pacífica del país, tienen una licencia asegurada para solo una de las cuatro especies que pueden cosechar.

Con la ayuda de CoopeSoliDar, ahora están organizados, y rutinariamente recolectan datos sobre las especies de moluscos en sus manglares.




La idea es capturar conocimiento que luego alimente discusiones sobre políticas. “Realmente necesitamos generar información que sea clara para ellos [la comunidad], que sea simple, en su propio lenguaje, y en la mejor manera para que llegue a su conocimiento y su poder”, dice Marvin Fonseca, un geógrafo de CoopeSoliDar.
 
De vuelta a Barra del Colorado, Fonseca lidera una discusión con pescadores y funcionarios del Ministerio de Amiente y Energía acerca de un mapa que capture el conocimiento de la comunidad acerca de las áreas marinas y las especies de peces.

“El ordenamiento espacial marino es probablemente la herramienta más poderosa que tenemos en comunicación con los pescadores”, dice. “Es un instrumento de poder en todas sus dimensiones. Permite no solo tener un conocimiento de la biodiversidad marina, sino acercar diferencias entre los sectores y actores. Permite alcanzar soluciones viables a la conservación y al desarrollo”.

Este artículo fue apoyado por The Rockefeller Foundation Bellagio Center. Durante casi 60 años, el Bellagio Center ha apoyado a quienes trabajan por mejorar las vidas de las personas pobres y vulnerables a nivel mundial a través de sus programas de conferencias y residencia, y ha servido como catalizador de ideas, iniciativas y colaboraciones transformadoras.
 
Una vez al año, el Centro Bellagio acoge una residencia temática especial que reúne a un grupo de académicos, profesionales y artistas cuyo trabajo se conecta con un tema común. En 2018, la residencia tendrá lugar del 5 al 30 de noviembre y se centrará en el tema Ciencia para el desarrollo.
 
Las solicitudes para residencias de profesionales ya están abiertas y las solicitudes para residencias de escritura académica se abrirán el 1 de marzo. Para registrar su interés, envíe un correo electrónico a [email protected] con “Science for Development” como asunto.