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La actividad minera en la región genera grandes debates porque, según sus detractores, destruye la biodiversidad, contamina el aire y el agua, y genera consecuencias sociales, dependiendo del tipo de minería del que se trate. Sin embargo, los gobiernos se ven en la disyuntiva de aceptar los grandes proyectos mineros, y lidiar con sus consecuencias, ante la necesidad de atraer millonarias inversiones.
 
En el siguiente especial, SciDev.Net presenta cuatro casos de proyectos mineros de Sudamérica que demuestran las controversias desatadas entre los diferentes actores, las posibles consecuencias de los megaproyectos y la complejidad del concepto ‘minería sostenible’.

Chile: zona de biodiversidad única sigue amenazada
El 27 de abril el proyecto minero-portuario Dominga obtuvo un importante triunfo. Ese día el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación de Andes Iron, propulsores de la iniciativa, contra los rechazos anteriores del proyecto de más de US$2.500 millones por  la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo y el  Comité de Ministros del Medio Ambiente.

Pero la empresa todavía no puede cantar victoria ya que la organización ambientalista Oceana anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. Si la Corte Suprema respalda la aprobación del Tribunal Ambiental de Antofagasta,  el proyecto volverá a la CEA que probablemente lo aprobará debido a que, tras el cambio de gobierno en marzo pasado,  la mayoría de los integrantes de la Comisión serán de partidos derechistas.

Andes Iron pretende extraer de la mina 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre durante los próximos 26 años. Además, planea construir un puerto para sacar el mineral.

El proyecto ha causado una gran controversia entre los que abogan por la inversión, pues crearía diez mil puestos de trabajo, y los que insisten en que el desarrollo debe ir de la mano de la protección ambiental.

Dominga estará ubicada a 35 kilómetros al sur de las reservas marinas Islas Choro-Damas, Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde habita alrededor del 80 por ciento de la población mundial de esos pingüinos, nutrias de mar, ballenas azules y ballenas fin, lobos de mar, la única colonia en Chile del delfín nariz de botella y aves marinas como los piqueros, algunas de estas especies en estado vulnerable, en peligro y en peligro crítico.

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Lobos de mar, una de las especies que se vería amenazada con el proyecto minero-portuario Dominga. (Crédito: María Elena Hurtado).

En agosto de 2017, el Comité de Ministros del Medio Ambiente  —conformado por los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería—  no aprobó el proyecto, sumándose a la decisión de la COEVA que señaló que ponía en riesgo las reservas marinas de la zona, no definía adecuadamente el impacto ambiental y porque las medidas de mitigación, compensación y reparación eran insuficientes.

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización de conservación marina Oceana, criticó la decisión: “El fallo no se pronuncia sobre lo más importante y cuestionado, que son las deficiencias técnicas del proyecto, y anula la decisión del rechazo por temas formales” declaró, agregando que “la sentencia no se refiere a los efectos e impactos que Dominga producirá en la zona, lo que había fundamentado el rechazo del proyecto en las dos instancias anteriores”. 

Según Carta Abierta de más de 40 científicos, los contaminantes provenientes del proyecto minero-portuario Dominga serían arrastrados por la corriente de Humboldt y por los vientos hasta las reservas marinas.

El daño ambiental que ocasionaría Dominga se potenciaría con el que causará el recientemente aprobado proyecto Puerto Cruz Grande del grupo CAP, el mayor productor siderúrgico de Chile, que se construirá a 30  kilómetros de la Reserva Marina Isla Choros. El acceso y salida de embarcaciones mayores afectará la extracción de mariscos y la pesca.

La construcción de Cruz grande no tiene avance de obras, a la espera de la decisión de la Corte Suprema frente a un recurso en contra presentado por la organización ambientalista Modema.

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Pingüinos de Humboldt. (Crédito: María Elena Hurtado).

Colombia: ¿No se afecta lo que no se ve?
En Colombia se pretende construir “una de las minas subterráneas más grandes del mundo”, con consecuencias imprevisibles para el entorno, advierte Oscar Alejandro Pérez-Escobar, investigador asociado del departamento de ciencias biológicas y ambientales en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en diálogo con SciDev.Net.

Se refiere al proyecto de minería de oro en Santurbán, complejo natural ubicado al norte de la cordillera oriental de los Andes, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, que iniciaría en el 2021 con miras a extraer nueve millones de onzas de oro en los próximos 20 años mediante minería subterránea.

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Paisaje del ecosistema de páramo con su flora característica. (Crédito: Grupo Áreas Protegidas, CORPONOR bajo licencia Creative Commons).

Minesa estima una inversión de alrededor de US$1 mil millones en los próximos cinco años y anuncia que en la operación, generará más de 700 empleos directos, de los cuales 70 por ciento serán de la región, y un total de 4.000 empleos incluyendo indirectos.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales analiza actualmente el estudio de impacto ambiental y deberá decidir en este año si aprueba el proyecto.

Una carta publicada en la revista Science, firmada por 14 científicos colombianos y extranjeros, la mayoría en centros de investigación de Europa y Estados Unidos,  alerta a las autoridades ambientales sobre los riesgos de la minería subterránea para los ecosistemas de páramos, como el desplazamiento de sus habitantes y la fragmentación y pérdida del hábitat, poniendo en peligro de extinción su flora y fauna.

Esos sistemas son proveedores de servicios esenciales para la sociedad –como fuentes de agua– y albergan una gran biodiversidad. Por eso sugieren “promover la preservación y restauración activa de páramos y bosques andinos, particularmente por ser un área biológicamente importante del país”.

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Laguna Macho (derecha) y Surcura (izquierda) dentro del Parque Natural Regional Santurbán Mutiscua-Pamplona. (Crédito: Grupo AME CORPONOR bajo licencia Creative Commons).

Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, aclara que hay dos tipos de minería en el complejo de Santurbán: la gran minería empresarial, actualmente en cabeza de la empresa Minesa, y la pequeña minería ancestral. “En cualquier caso ambos tipos de minería están en la transición entre el páramo y los ecosistemas inferiores en una región que ha sido muy intervenida”, comenta a SciDev.Net.

Agrega que la minería artesanal de oro ha sido parte de la actividad económica de sus pobladores. “Allá no hay nada más que hacer y no lo ha habido durante 400 años”.

Independientemente de su ubicación, Pérez-Escobar explica que “es necesario comprender cómo se alterarían los sistemas acuíferos de la zona”. Y continúa: “El páramo como tal no es un solo tipo de paisaje que uno ve superficialmente; es un ecosistema muy complejo cuya existencia está ligada a la geología de la zona donde ocurre y de los cuerpos de agua subterráneos”.

Propone más estudios para determinar los efectos que tendría el proyecto Minesa. “Nosotros no estamos en contra de la minería sino del proyecto megaminero como tal”.

Para Baptiste, “se trata de una oposición no tanto a la minería en sí, sino a la presencia de inversiones multinacionales. Es más una resistencia ideológica y legítima”.
La explotación a cielo abierto empieza en Ecuador
Mientras, al sur de Ecuador la extracción de cobre, plata y oro a cielo abierto compromete la biodiversidad de al menos 3.000 hectáreas de la Cordillera del Cóndor.
 
El megaproyecto Mirador fue concesionado en 2012 a la empresa china Ecuacorriente S.A. luego de diez años de negociaciones y la entrega al gobierno ecuatoriano de US$70 millones de dólares en regalías anticipadas. En 2016 inició su construcción tras varios trámites de operación y protestas de las comunidades indígenas de la zona y organizaciones ambientalistas.

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Campamento del proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. (Créditos: Álvaro Villegas, Ministerio de Minería).

Aún no había empezado la extracción prevista para comienzos de 2018 -todavía se encuentra en construcción-, cuando el pasado 27 de marzo el Ministerio del Ambiente (MAE) sancionó a la compañía por abrir una vía sin permiso y gestionar mal los depósitos de combustible, incumpliendo su plan de manejo ambiental.
 
El 4 de abril el MAE aclaró que esta sanción administrativa no suspende totalmente la operación de la empresa sino que implica rectificaciones para evitar la contaminación del agua. Pero la deforestación ya es evidente y la Contraloría General del Estado tenía prevista una auditoría al proyecto el 19 de abril la cual fue suspendida sin nueva fecha.
 
Gloria Chicaiza, de la ONG ambientalista Acción Ecológica, advierte a SciDev.Net que el acceso a la zona concesionada está restringido desde hace cinco años.  “Se estima que la flora del área excede las 4.000 especies de plantas vasculares y se registran once especies de mamíferos categorizadas en peligro”. Añade que hay nuevas especies que todavía la ciencia no conoce, pero no han podido avanzar las  investigaciones.
 
El Reporte Minero del Banco Central del Ecuador  de enero de 2017, admite los altos impactos ambientales que implica la extracción de alrededor de tres millones de toneladas de cobre, 26 millones de onzas troy de plata y más de tres millones de onzas troy de oro previstas.
 
Pero para el Ministerio de Minería, este proyecto genera más de 2.400 empleos directos, cifra que podría aumentar a 6.000 en 30 años de concesión, según Miriam Checa, consultora minera ambiental. “Los aspectos sociales y ambientales son complejos; sin embargo, podrían disminuir sus impactos negativos si apuestan a aplicar una planificación de acuerdo a altos estándares internacionales porque no hay nacionales”, asegura a SciDev.Net.

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Autoridades del Ministerio de Minería visitaron el proyecto Mirador el 11 de enero de 2018. (Créditos: Álvaro Villegas, Ministerio de Minería).

La Asamblea Nacional tramita reformas a la Ley de Minería para incluir una categorización ambiental de las fases mineras y categorizar las concesiones según la cantidad de producción, entre otros aspectos.
 
El presidente Lenín Moreno prometió que hasta mayo de 2018, cuando cumplirá un año de mandato, se habrán generado 8.000 plazas de trabajo, con una inversión extranjera comprometida por más de US$8.000 millones en cinco megaproyectos mineros.


Dos años después del desastre, no hay reparación en Brasil
En Brasil, el mayor desastre ambiental de su historia está lejos de ser solucionado. El pasado 20 de abril se pospuso por cuarta vez el plazo para cerrar el acuerdo con el gobierno brasileño con el fin de reparar los daños socioambientales provocados por el derrame de 62 millones de metros cúbicos de residuos minerales en noviembre de 2015 desde la región del municipio de Mariana, Minas Gerais, ubicada a 100 kilómetros al sudeste de la capital del estado, Belo Horizonte. La nueva fecha fijada por la Justicia Federal en Belo Horizonte  es el 25 de junio.

Brasil, desastre ambiental
Dos años después del desastre, el área afectada por la ruptura de la represa de Fundão sigue devastada. (Crédito: Vinicius Mendonça / Ibama).

Las empresas responsables – la minera Samarco y sus accionistas controladoras Vale do Rio Doce y BHP Billiton – todavía deben casi la totalidad de los US$162 millones de multas impuestas por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y los estados más afectados por el desastre: Minas Gerais y Espírito Santo.

Ese monto se ha incrementado a medida que han sido calculados los daños causados los cuales, según el Ministerio Público Federal de Minas Gerais, suman US$36 mil millones, porque destruyó distritos enteros, contaminó la cuenca del Río Doce, dejó 19 muertos y miles de damnificados.

Este proceso, nuevamente dilatado, suspende una acción judicial del Ministerio contra las mineras por el valor calculado de los daños. También está suspendida una acción del gobierno brasileño y otros organismos públicos demandando de las mineras la creación de un fondo de US$4,7 mil millones para recuperar la cuenca del Río Doce en 15 años.

En caso de que el acuerdo aplazado no llegue a feliz término, las dos acciones volverán a la justicia brasileña.

La minería sostenible no existe, dicen algunos, pero sin minería otro sería el planeta. Lo que se necesita es una minería responsable”.


El ex superintendente del IBAMA de Minas Gerais, Marcelo Belisario, experto en el caso, dijo a SciDev.Net que Minas Gerais recibió US$1,4 millones, correspondientes al cinco por ciento de una multa de US$26 millones impuesta por el Estado, y el resto se pagará en 59 cuotas. Las multas podrían aumentar. “También hay multas por el incumplimiento de cláusulas de acuerdos menores previamente fijados  con demandas por reparación y compensatorias entre organismos públicos y la empresa”, agregó.

Halisson Barreto, Coordinador de los Procesos de Cobranza del IBAMA en Brasilia, explicó a SciDev.Net que, en casos como éste, hay tres acciones judiciales diferentes de penalización, y la multa es sólo un elemento entre las tres. "Además de las multas, hay el proceso penal contra los responsables y el proceso para la reparación de daños", añadió.

"Por eso las multas no tienen el mismo valor total del perjuicio causado por una infracción ambiental, son un castigo complementario", dice. Y complementa: "si se las utiliza como reparaciones para crímenes ambientales, se vuelve muy ventajoso para los infractores seguir cometiéndolos".

Según André Sperling Prado, del Ministerio Público de Minas Gerais, las indemnizaciones se están llevando a cabo muy lentamente, debido no solo a la proporción del desastre, sino a la falta de transparencia de la Fundación Renova, creada por Samarco y sus accionistas específicamente para este caso. "La complejidad del caso, aliada a la incompetencia de Renova, dificulta y retrasa el proceso", dijo a SciDev.Net.

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La cuenca hidrográfica del Río Dulce, completamente afectada por el desastre, tiene gran importancia para Brasil por estar en la región más poblada del país, la Sudeste. De ahí forman parte los estados de Río de Janeiro y São Paulo. (Crédito: Felipe Werneck / Ibama).


El 5 de abril, el Ministerio Público Federal y otros seis organismos públicos solicitaron a la Fundación respetar los derechos de las víctimas del desastre. 

A pesar de todo… la minería es necesaria
Los casos presentados demuestran que aún es necesario afinar la legislación al respecto de la  minería a gran escala, así como cumplir con las normas establecidas. Lo que demuestran las situaciones ocurridas —o por ocurrir— en estos países es que hay vacíos en el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, falta de aplicación de tecnologías responsables con el ambiente y de estrategias adecuadas y equitativas para poner de acuerdo a las partes involucradas, para no hablar de la importancia de cumplir con medidas preventivas, y llevar a cabo procesos claros y transparentes.
 
La evaluación de proyectos conflictivos requiere que se considere la pertinencia, es decir si el proyecto es razonable y necesario, revisando cuáles son las alternativas. Uno de los factores más relevantes es la localización.
 
La minería sostenible no existe, dicen algunos, pero sin minería otro sería el planeta. Lo que se necesita es una minería responsable. Porque al fin de cuentas, la minería es una de las actividades humanas más antiguas y todos, hasta sus detractores, usan productos fabricados con metales extraídos del subsuelo en la cotidianeidad.