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[BUENOS AIRES] El municipio de la ciudad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos cerca del río Uruguay, aprobó una ordenanza que prohíbe el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato —clave para la soja transgénica— en las 33.000 hectáreas que están bajo su jurisdicción.
 
Se trata de la ciudad número doce que en Argentina adopta una medida similar y la tercera en esa provincia.
 
“Quedó acreditado que el glifosato tiene presencia química y consecuencias para la salud humana, que se traslada por viento y agua y que tiene razonabilidad la prohibición”, señaló Pablo Delmonte, uno de los concejales que votó a favor, integrante del partido Frente para la Victoria.
 
Delmonte explicó que, a diferencia de otros procesos de discusión similares, en este caso se trabajó durante cinco meses en la elaboración de la norma y se llamó al debate a diversos especialistas.
 
“Hubo convocados y participaciones espontáneas de la sociedad a través de ongs ambientalistas y vecinos con historias dolorosas, con pérdidas de niños y enfermedades; también miembros de asociaciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid)”, menciona.
 
La conclusión fue que “el glifosato afecta a las personas porque no sólo se están fumigando los campos” sino también en áreas urbanas. Quienes argumentaron en contra de la medida no negaron los problemas de salud, pero pidieron controles en lugar de prohibición, contó el concejal. Entre Ríos produjo durante la última campaña más de 3.300.000 toneladas de soja (sobre 136 millones del total del país) en 1.198.400 hectáreas, según informe de la Bolsa de Cereales provincial.
 
Las anteriores ciudades argentinas que habían prohibido el agroquímico habían sido las patagónicas Bariloche (2010), El Bolsón (2015), Cholila (2015), Lago Puelo (2015) y Epuyén (2015), así como Montecarlo en Misiones (2015, luego revertida), General Alvear en Mendoza (2017) y ciudades más cerca del núcleo sojero como Rosario (2017), Rincón (2018), ambas de Santa Fe, y las entrerrianas Paraná (luego vetada) y Concordia. La provincia de San Luis tiene una disposición similar.

Silvana Buján, activista ambiental de la organización Bios, considera histórico lo que plantean los concejos municipales y recuerda que hasta la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en 2003 prohibió su uso en las vías férreas que atraviesen ciudades y pueblos.
 
La medida llegó tras concluir que “distintos autores dan cuenta de que el glifosato expone a riesgos de disfunciones endocrinas, daño celular y genético, y que estos efectos se producen en dosis que están entre 500 y 4.000 veces por debajo de lo que se aplica normalmente para el control de malezas”, detalló.
 
Buján advierte, no obstante, que otros productos que están en el mercado o esperan turno de aprobación son iguales o incluso peores para la salud de los organismos biológicos.
 
“Son cientos de otras sustancias tan o más peligrosas que el glifosato, como el 2,4,D; el clorpiryfos, tantos clorados o fosforados cuyos prontuarios son probadamente estremecedores y cuyas autorizaciones han sido concedidas atravesando metodologías de clasificación creadas para otra cosa y que no asumen los riesgos a la exposición crónica ni sinérgica”.
 
Para el ambientalista entrerriano Rubén Knetemann, que está a favor de la norma aprobada, “el asunto es delicado porque el glifosato forma parte de la vida cotidiana y lo usan amigos y familiares con los que después nos juntamos a comer un asado”.