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En un contexto político altamente desfavorable a la ciencia, los tomadores de decisión, una vez más, cierran los ojos a los datos científicos. Esta vez se trata de los agrotóxicos, producidos por gigantes multinacionales y campeones de su venta en América Latina. A pesar de las crecientes evidencias mostrando los efectos nocivos de esos productos para la salud y el medio ambiente, los parlamentarios brasileños están en vías de aprobar un proyecto de ley que flexibiliza su liberación en el país.
 
El proyecto prevé cambios a la ley de 1989, que regula los agrotóxicos en el país y fue  presentado por el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, cuando era senador. Maggi es dueño de uno de los mayores conglomerados agropecuarios de Brasil.
 
Para los defensores del proyecto, representados en el Congreso por la Bancada Ruralista —de tendencia conservadora y defensora de los intereses de los propietarios rurales y los agronegocios— la legislación actual es obsoleta y el proceso de aprobación de nuevos agrotóxicos, lento y burocrático, lo que da lugar a productos desfasados y cultivos vulnerables.
 
Pero los sectores sociales que se oponen al proyecto, al que denominan Paquete del Veneno, temen impactos aún más nocivos de los agrotóxicos en la salud y el medio ambiente.
 
Tras una serie de largos y acalorados debates en la Cámara de Diputados, la comisión especial designada para deliberar sobre el tema, formada esencialmente por integrantes de la Bancada Ruralista, aprobó el documento el 25 de junio. Ahora deberá ser aprobado por el plenario de la Cámara y luego, por el Senado.
 
A pesar de algunas concesiones —por ejemplo, en vez de cambiar el término "agrotóxicos" por "defensivos fitosanitarios", como reclamaba el texto original del proyecto, sus proponentes se resignaron a que se cambie a "pesticidas", de uso corriente en el contexto global—, la  versión aprobada contiene varios puntos polémicos.
 
Uno de ellos es la concentración de poder en el Ministerio de Agricultura. Actualmente, el proceso de aprobación de un agrotóxico incluye su evaluación por parte de este ministerio y los de Salud y Medio Ambiente, representados respectivamente por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). En esta versión del proyecto, los dos órganos todavía participan del proceso, pero la palabra final la tendrá la cartera de agricultura.
 
El documento también impone plazos muy cortos para las evaluaciones, que en la práctica resultarían inviables. Y si el plazo termina antes de que finalicen los estudios, se emite un expediente temporal que permite el uso del producto hasta la publicación de los resultados. Este mismo registro se concede a agrotóxicos cuyo uso esté autorizado en al menos tres países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin tener que pasar previamente por ninguna prueba local. El problema es que, entre los miembros de la OCDE, existen países con regulaciones aún más frágiles en lo referente a agrotóxicos.

De acuerdo con la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el 70 por ciento de los alimentos del país están contaminados con agrotóxicos y cada brasileño consume un promedio anual de 7,3 litros de esas sustancias.

Carla Almeida

 
Otro punto controvertido es el fin de la prohibición preventiva para los agrotóxicos que puedan representar determinados tipos de peligro por ejemplo, en el caso de revelar características teratogénicas, carcinogénicas o mutagénicas y de presentar atributos que puedan causar daños al medio ambiente. El proyecto actual se limita a prohibir los productos que "presenten un riesgo inaceptable para los seres humanos o para el medio ambiente", es decir se abandona el principio de la precaución y se añaden a la ley evaluaciones por demás subjetivas. Porque al final, ¿qué define un riesgo inaceptable?
 
Muchas voces se han alzado públicamente contra el proyecto, desde chefs de cocina y artistas populares hasta prestigiosas entidades científicas. Incluso el Ministerio Público de la Unión se manifestó, alegando inconstitucionalidad del proyecto. El 92 por ciento de las 25.479 personas que respondieron la consulta pública abierta en el sitio del Congreso desde el 21 de junio se habían pronunciado contra el documento (datos del 8/7).
 
Sin embargo, hasta ahora, nada parece capaz de detener la aprobación del proyecto. Con Michel Temer en la Presidencia y Blairo Maggi en el Ministerio de Agricultura, el momento es más que oportuno para victorias de la Bancada Ruralista, experta en la defensa de intereses económicos de pequeños grupos y en el atropello de leyes y derechos que deberían defender el bien común.
 
En contra del desarrollo
La tramitación del proyecto de ley en Brasil va en contra de debates y metas internacionales y de los cambios en las legislaciones sobre los agrotóxicos de los países desarrollados, que tienden a ser cada vez más rígidas. Más que eso, su eventual aprobación y la flexibilización en la liberación de esos productos en el país puede abrir precedentes peligrosos y provocar efectos perjudiciales en América Latina, que no es precisamente un ejemplo en términos de regulación de esos productos y padece las consecuencias de su uso creciente e indiscriminado.
 
América Latina es líder, junto con los Estados Unidos, en el consumo mundial de agrotóxicos. Brasil y Argentina encabezan la lista de los mayores usuarios en la región, habiendo aumentado ampliamente su utilización de esos productos, sobre todo del glifosato, debido a la adopción de cultivos transgénicos a gran escala en las últimas dos décadas. Se estima que solo en Brasil el uso de agrotóxicos ha aumentado 190 por ciento en diez años. De acuerdo con la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el 70 por ciento de los alimentos del país están contaminados con agrotóxicos y cada brasileño consume un promedio anual de 7,3 litros de esas sustancias.
 
Uruguay, Paraguay y México también se destacan por el empleo masivo de agrotóxicos. Según datos de la Unidad de Regulación Alimentaria de la Intendencia Municipal de Montevideo, el 97 por ciento de las frutas y hortalizas consumidas en Uruguay entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 contenían residuos de pesticidas.
 
Entre 2009 y 2013, Paraguay quintuplicó su importación de agrotóxicos, lo que motivo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestara su preocupación y recomendara al país la reglamentación del uso de esos productos. México tiene registrados más de 180 plaguicidas altamente peligrosos, la mayoría de los cuales han sido prohibidos en Europa por contener sustancias cancerígenas.
 
Son muchos los estudios que muestran una asociación causal entre el uso excesivo de agrotóxicos con graves problemas de salud. Además del cáncer, los efectos de estos productos pueden manifestarse en diversas enfermedades, como malformaciones congénitas, problemas endocrinos, neurológicos y mentales. Una serie de investigaciones demuestran que los impactos en el medio ambiente también son nefastos, contaminando incontroladamente suelos, plantas y aguas.

Incluso los países menos productivos registran efectos negativos por uso excesivo de agrotóxicos. En Chile, por ejemplo, se observa una reducción significativa de la población de abejas. En Costa Rica, la calidad del agua de las comunidades de la zona norte del país se encuentra amenazada.
 
Incluso si dejamos de lado por un instante los impactos negativos de los agrotóxicos sobre la salud y el medio ambiente, resulta difícil defender la flexibilización de la liberación de esos productos en América Latina.
 
Aun desde el punto de vista económico, sólo un grupo muy selecto puede beneficiarse de hecho de esa negociación, dominada por las multinacionales del agronegocio. Concentradas en los países desarrollados, controlan el mercado mundial de alimentos vendiéndonos paquetes tecnológicos que incluyen, además de los agrotóxicos, toda suerte de semillas.
 
Esas empresas controlan procesos, precios y políticas, haciendo cada vez más vulnerables y dependientes a los países en desarrollo de base agrícola. Es hasta posible y plausible que los latifundistas brasileños lucren con el uso agresivo de agrotóxicos, haciendo acuerdos ocultos con esas corporaciones y produciendo más a costa del medio ambiente y la salud humana. Pero ellos están lejos de ser los protagonistas de esta historia.
 
Considerando que el mercado externo, al que se dirige la producción a gran escala de las materias primas de Brasil, es cada vez más exigente en relación a la calidad y la seguridad de los alimentos que consume; que el modelo agroexportador de los países más ricos de América Latina, basado en grandes monocultivos, se muestra ineficaz económicamente y peligroso en términos sociales y ambientales; y que el mundo busca nuevas formas de desarrollo, basadas sobre todo en la sostenibilidad, queda la pregunta: ¿hasta cuándo ese esquema va a tener sentido? Si es que todavía tiene alguno.
 
En este contexto, la Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos, que también se tramita en el Congreso brasileño en forma de proyecto de ley, es mucho más pertinente y actual.